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Apoyo a la plataforma LIBERTAD para las 17

Del 28 de junio de 2014
Autora: Colectiva Feminista para el desarrollo local de El Salvador
Ámbito: El Salvador
Temática: Derechos humanos , Aborto
Formato: Campañas
2 audios  Duración 3 min

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Apoyamos con esta información escrita podes ver más en http://www.unitedexplanations.org/2014/06/25/feministas-salvadorenas-sublevan y dos cuñas de radio producidas por La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en la radio de todas www.colectivafeminista.com.

En mayo pasado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, decidió revisar los expedientes de las 17 mujeres que fueron judicializadas y condenadas a penas de hasta 40 años de cárcel por recurrir a un aborto ilegal.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto había solicitado ya en el mes de abril el indulto para estas salvadoreñas, que fueron denunciadas a la policía cuando llegaron al hospital a pedir asistencia médica de urgencia por procedimientos de interrupción del embarazo mal realizados.

El Salvador, junto a Chile y República Dominicana, es uno de los tres países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones y contempla pena de cárcel para quienes recurran a este proceso de manera ilegal.
Marco legal del aborto en el Salvador

La legislación sobre aborto figura en el ordenamiento jurídico de El Salvador desde el año 1826. El código penal de la época diferenciaba entre aborto causado por terceras personas y el realizado por la misma gestante. El aborto causado por terceras personas era castigado con pena de reclusión de seis a diez años (excepto cuando hubiese consentimiento de la gestante, en cuyo caso la pena se atenuaba entre cuatro a ocho años de reclusión), mientras que el aborto realizado por la propia gestante era castigado con pena de cuatro a ocho años de reclusión y contemplaba reducción de la pena si la mujer que se realizaba el aborto era “soltera o viuda no corrompida y de buena fama anterior, y resultare, a juicio de los jueces, que el único y principal móvil de la acción fue el de encubrir su fragilidad”.

En el código penal de 1881, el consentimiento de la mujer gestante seguía teniendo valor, y cuando la mujer se hacía un aborto o permitía que un tercero realizara un procedimiento, recibía la pena de “prisión menor”, la cual aumentaba a “prisión mayor” cuando un tercero causaba el aborto sin violencia ni autorización de la mujer embarazada, y en caso que esta tercera persona ejerciera violencia, el castigo se incrementaba a “prisión superior”, la cual contemplaba penas de entre ocho y doce años.

Por su parte, el código penal de 1904 castigaba con tres años de prisión a la mujer que causaba su propio aborto, o consintiera someterse a uno a cargo de un tercero. Finalmente, existía una figura “cualificada por el resultado” (artículo 365), según la cual se castigaba con dos años de “prisión mayor” aquella persona que no tenía propósito de causar el aborto, pero finalmente lo produce por haber actuado “violentamente”.

Todos estos códigos castigaban el aborto con penas muy inferiores al delito de homicidio, el cual se castigaba con penas que iban desde los 15 años hasta la muerte.

De acuerdo al Informe de Naciones Unidas sobre el Aborto, hasta 1997 y bajo la vigencia del código penal de 1973, una mujer salvadoreña podía acceder a un aborto de manera legal bajo tres condiciones: peligro para la vida de la madre, embarazo como consecuencia de violación o serias alteraciones congénitas en el feto. El aborto provocado por negligencia de parte de la gestante estaba exento de judicialización. El código contemplaba, además, la reducción de la pena en el caso de una mujer que hubiese abortado para proteger su reputación.

Actualmente, gracias al poderoso lobby de la Iglesia Católica, los grupos pro-vida y la derecha política conservadora, la legislación salvadoreña ha eliminado todas las excepciones que permitían a una mujer recurrir a un aborto. El artículo 133 del Código Penal vigente condena de manera taxativa todo tipo de aborto. Bajo la norma actual, una persona que realiza un aborto con el consentimiento de la gestante o una mujer que se induce un aborto pueden ser condenados a prisión con penas que van de entre los 2 y 12 años.

En el año 1999, el Gobierno de El Salvador modificó la Constitución política del Estado e introdujo el reconocimiento de la vida desde el momento de la concepción.

El aborto ilegal en El Salvador

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto El Salvador

La ilegalidad convierte el aborto realizado en condiciones inseguras en un problema de salud pública y en la segunda causa de muerte materna en El Salvador. Según estadísticas del Ministerio de Salud, obtenidas de acuerdo a la cantidad de mujeres atendidas por complicaciones derivadas de abortos, en 1998 se registraron 7.436 hospitalizaciones por aborto a nivel nacional, y en el primer semestre de 1999, el Ministerio había registrado 3.766. No obstante, el mapeo del problema es inexacto, ya que los hospitales no tienen un sistema organizado para registrar estos hechos y no diferencian si el aborto ha sido inducido o el resultado de un accidente.

La criminalización del aborto y el miedo a ser denunciadas y enviadas a la cárcel fuerza a las mujeres a recurrir a métodos inseguros, como la introducción en la vagina de perchas o palillos de tejer o la ingesta de altas dosis de anticonceptivos orales, agua jabonosa, fluidos caústicos y/o medicinas de distinto tipo que no siempre están indicadas para dichos fines, como los remedios para la gastritis.

Tal fue el caso de Sofía, quien en el año 2006 y con 27 años se encontró embarazada como consecuencia de una violación. Le recomendaron tomar una pastilla para la gastritis que resulta abortiva, pero el procedimiento se complicó y a la semana siguiente tuvo que acudir a una clínica pública porque presentó sangrado. La ginecóloga que la atendió amenazó con sacarle el útero si no “confesaba” que se había provocado un aborto.

Esta ilegalidad también influye en la cantidad y calidad de información disponible: deja fuera de las investigaciones oficiales un problema de salud pública. Las estadísticas reales sobre el aborto son desconocidas y los estudios epidemiológicos y demográficos realizados por el gobierno y las ONG no relacionan el aborto con la mortalidad y morbilidad de las mujeres.
Presas por abortar

Según una investigación de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, entre 2000 y 2011, alrededor de 129 mujeres han sido judicializadas bajo las figuras penales de aborto, homicidio agravado y homicidio imprudente. El 68’22% era mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años, y el 51’27% no recibía ningún tipo de ingreso económico. De ellas, 49 recibieron condena privativa de libertad. La mayoría eran mujeres solteras o cuyas parejas se encuentran lejos, pobres, de zonas rurales o barrios marginales, poco formadas e informadas.

De acuerdo a la Agrupación, a la ilegalidad del aborto se suma la falta de una definición legal clara de qué es lo que es un aborto y/o una interrupción del embarazo. Los abortos espontáneos y los partos prematuros de embarazos avanzados con resultado de muerte para el feto, se consideran provocados por la mujer y, por lo tanto, homicidios.

Así le pasó a Cristina Quintanilla, quien tuvo un aborto espontáneo alrededor de los siete meses de gestación y fue acusada de homicidio. Antes de ser trasladada al penal de Llopango, pasó tres días encadenada a la cama del hospital. Ella relató su historia al diario El País, de España.

Los devastadores efectos del Código Penal de El Salvador también se sintieron en la vida de Karina Herrera Climaco, quien fue condenada a 30 años de prisión por un aborto. Esta mujer presentó complicaciones luego de dar a luz en su domicilio, por lo que se fue al hospital.
Protesta por el caso de Karina. Fuente: Blog Solidarias con las Mujeres

Mientras estaba ahí, la policía revisó su casa y encontró a un recién nacido sin vida. Si bien los exámenes médicos no pudieron determinar si el bebé nació vivo o muerto, se la condenó por homicidio agravado. Ocho años después, su condena fue anulada y salió libre, sin indemnización alguna por la injusticia cometida contra ella.

Pero la condena sobre la vida de las mujeres que se enfrentan a la posibilidad de un aborto pesa sobre sus cabezas vayan o no a la cárcel.

El carácter opresivo de la legislación salvadoreña quedó en evidencia en abril de 2013, cuando la Alianza para la Salud Sexual y Reproductiva de El Salvador difundió en un comunicado el caso de Beatriz, una joven de 22 años que enfrentaba un embarazo de alto riesgo porque padecía lupus eritematosos discoidea y el feto era anacefálico (sin cerebro).

Los especialistas determinaron que Beatriz necesitaba un aborto terapéutico pero, como este es ilegal en El Salvador, nadie se atrevía a practicarle uno, por miedo de ir a la cárcel. El 29 de mayo de 2013 el Gobierno prohibió a Beatriz realizarse un aborto. Finalmente, Beatriz dio a luz por cesárea una niña que murió unas horas después, porque siempre fue inviable.
Una flor por las 17

El 1 de abril de 2014, miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y activistas por el derecho a decidir presentaron ante el Parlamento salvadoreño diecisiete solicitudes de indulto, una por cada una de las mujeres que fueron condenadas sin contar con el apoyo legal apropiado para ser defenderse y que todavía siguen presas.

Como señala Begoña Baerá, activista por un aborto legal, seguro y gratuito:

“Son mujeres que han vivido y viven en situación de pobreza. La mayoría tuvieron problemas obstétricos en algún momento del proceso de gestación, sufrieron pérdidas del embarazo o experimentaron partos sin asistencia sanitaria ni médica. Llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud y, desde allí, las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado, obligándolas a transitar del hospital a la cárcel.”

La situación de los Derechos Reproductivos de las mujeres salvadoreñas ha captado la atención internacional. Por un lado, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha estado pidiendo hace años a El Salvador que revise las leyes sobre el aborto porque considera que viola los derechos civiles y políticos.

Mónica Arango, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, ha dicho:

“Por demasiado tiempo, la criminalización absoluta del aborto en El Salvador ha obligado a las mujeres que buscan una atención esencial de salud reproductiva a hacerlo en la penumbra. Las mujeres salvadoreñas se arriesgan a ser encarceladas por décadas y ser víctimas de violaciones de varios de sus derechos humanos, no solo cuando necesitan un aborto, sino también cuando necesitan atención médica por complicaciones graves y potencialmente mortales del embarazo.”

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico y organizaciones feministas de El Salvador han convocado a la comunidad internacional a una campaña de solidaridad con las diecisiete mujeres presas por abortar, llamada “Una Flor por las 17: No dejemos que sus vidas se marchiten”. El objetivo de esta campaña es presionar a las autoridades salvadoreñas para que indulten a las diecisiete mujeres que se encuentran privadas de libertad.

Puedes sumarte a esta campaña enviando tu foto con una flor y tu nombre al correo unaflorporlas17@gmail.com o difundiendo en las redes sociales la campaña internacional. Si tienes Twitter, utiliza las siguientes etiquetas: #17J #LibertadAlas17 #17MujeresCondenadas #ElSalvador #AbortoLibre #FeminismoenRed. Súmate y haz RT.

Al Jazeera hizo público en agosto de 2013 el documental “Life at any price” (Vida a cualquier precio), que muestra claramente la situación de El Salvador con respecto al aborto.



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